Senado analiza reforma constitucional para fortalecer soberanía energética

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Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos se reunirán este lunes para discutir y aprobar el dictamen de la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas. La propuesta, enviada por la Cámara de Diputados, busca reforzar la soberanía energética del país, garantizando electricidad a bajo costo y sin fines de lucro.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. La reforma asegura que el Estado será responsable de toda la cadena de valor en el suministro de electricidad y se fortalecerá la seguridad y autosuficiencia energética, con la empresa pública como actor principal.

Enfoque en el litio y la inversión estatal

El dictamen también establece que no se otorgarán concesiones sobre el litio, reafirmando el control exclusivo del Estado sobre este recurso estratégico. Además, la reforma propone un modelo en el que el Estado participe con un 54%en la industria eléctrica, mientras que la iniciativa privada tendría el 46%, retomando aspectos invalidados previamente por la Corte.

Por último, la reforma constitucional incluye la provisión del servicio de internet como una función exclusiva del Estado, sin que esto se considere un monopolio. La meta es garantizar accesibilidad y calidad de los servicios energéticos e impulsar la soberanía nacional.

Además, la reforma constitucional busca recuperar la rectoría del Estado en el sector energético, alineando los principios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica con los objetivos de autosuficiencia y seguridad energética. Este modelo garantizará que los recursos energéticos, como el petróleo y la electricidad, se gestionen con responsabilidad social, manteniendo un acceso continuo y asequible para toda la población.

El proyecto también subraya la necesidad de que el sector energético se mantenga libre de monopolios privados en áreas estratégicas, asegurando que la empresa pública del Estado tenga prioridad en la operación y desarrollo de proyectos, especialmente en los relacionados con litio e internet.

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