El Bajío busca reducir impactos ambientales negativos: Fundación Konrad Adenauer

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La organización alemana evaluó las acciones de gobiernos estatales y municipales en materia energética y de combate al cambio climático

La mayoría de entidades de la región cuenta con programas propuestos para dichos rubros pero algunos faltan de ejecutarse, ya que la tercera parte de ellos no cuenta con comités de trabajo ni con sistemas de medición de emisiones contaminantes

Ciudad de México, 8 de enero de 2022. La Fundación Konrad Adenauer, organización comprometida con la democracia representativa, el estado de derecho y una economía sustentable con justicia social, reporta resultados para México de la primera edición del Índice de Gestión Energética y Cambio Climático (IGECC) con el objetivo de promover e incentivar el desarrollo de políticas públicas en dichas materias, así como encaminar la gestión de gobiernos estatales y municipales hacia la implementación de acciones de mejora en estos rubros.

El estudio evaluó cinco estados: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, así como dieciséis municipios pertenecientes a dichas entidades con población mayor a 250 mil habitantes. A nivel estatal hubo gran interés en participar de manera anónima y voluntaria. De las entidades analizadas en el IGECC, se aplicó un cuestionario de 40 preguntas en tres de ellas. Como parte de la metodología se realizó la evaluación de diez ejes vinculados a temáticas como: agua, biodiversidad, contaminantes, energía eléctrica, gobernanza, energías fósiles, residuos, energía limpia y renovable, transporte e industria, así como vida marina y terrestre.

A partir de las puntuaciones obtenidas, los gobiernos estatales, municipales, empresarios, inversionistas, académicos y demás grupos de interés podrán conocer potenciales áreas de oportunidad que requieren atención para alcanzar niveles de puntuación más altos y, eventualmente, avanzar hacia un desarrollo sostenible. Adicionalmente, el estudio permite identificar oportunidades o riesgos que no pueden ser captados por análisis financieros convencionales.

De los gobiernos estatales que participaron en el estudio, el 100% cuenta con planes de trabajo para reducir los impactos ambientales negativos, como Leyes Estatales de Protección Ambiental y de Cambio Climático o Planes Estatales de Desarrollo 2016-2022. También se han diseñado e implementado programas, políticas y proyectos en materia de sostenibilidad ambiental y están comprometidos con iniciativas nacionales internacionales, además de que el total de administraciones está alineado a mejores prácticas en los rubros mencionados.

Sin embargo, entre los resultados que hay que atender en la región analizada, están que algunos gobiernos estatales aún no cuentan con procesos de gestión del riesgo en temas ambientales (el 33%) y para el caso de temas energéticos, únicamente la tercera parte cuenta con comités de trabajo. Respecto al acceso al agua en el territorio analizado, el 67% mencionó consumirla de regiones con estrés hídrico, por lo que esas fuentes están en peligro. Adicionalmente, el 33% de las dependencias no cuenta con sistemas de medición de emisiones contaminantes.

La conclusión general del análisis es que los gobiernos de la Alianza Centro-Bajío-Occidente de México tienen un importante avance sobre la gestión del medio ambiente y los distintos aspectos que se relacionan e influyen directamente en el equilibrio de éste. No obstante, existen iniciativas que aún no se implementan en la región, por lo que se identifica una gran área de oportunidad para generar beneficios al respecto.

Este estudio tiene el objetivo de evaluar la actuación de los gobiernos estatales y municipales, a fin de servir como herramienta de consulta que facilite la toma de decisiones a partir de un análisis profundo de la situación que guarda cada una de las entidades estudiadas en estas materias. De esta manera, los involucrados en la generación e implementación de la legislación, políticas y acciones públicas podrán tomar decisiones informadas para la gestión de oportunidades en la adaptación de las regiones frente a los efectos del cambio climático, y la mitigación de los riesgos asociados a éste en beneficio de la población, de sus comunidades y del medio ambiente.

La valía de la evaluación radica en su metodología y fuentes de información, pues es el resultado del análisis de datos públicos a través de una metodología que permite la comparabilidad y la confiabilidad de sus hallazgos. Aquélla fue diseñada de forma cuidadosa para alinearse a importantes iniciativas internacionales que buscan combatir el cambio climático, reducir los riesgos financieros relacionados a éste y propiciar la adopción de energías limpias como fuente primaria de consumo. Entre ellas destacan: las recomendaciones del grupo de trabajo sobre declaraciones financieras relacionadas con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés), las metas del Acuerdo de París, las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ODS-ONU).
Para conocer más sobre los resultados de las entidades evaluadas en este primer estudio visita: www.igecc-mex.org

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