Unidad de Análisis

Denuncias de empleados de la paraestatal enviadas a las secretarías de la Defensa, Energía y Función Pública, así como al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, revelan que esta práctica se viene realizando desde varios años, lo que pone en duda que el número total de TC que la petrolera ha reporta en los últimos años sean producto de la operación del crimen organizado.

En los últimos 10 años, Pemex ha detectado 2 mil 450 tomas ilegales, siendo Veracruz, Guanajuato, Puebla, Nuevo León e Hidalgo los estados con mayor incidencia.

Apenas el pasado 24 de noviembre, el Director de Pemex aseguró que en los primeros 10 meses de 2011 fueron identificadas mil 48, de las cuales 816 se localizaron en poliductos y 232 en oleoductos, y cuya sustracción ilegal podría sumar pérdidas por 6 mil millones de pesos al cierre del año.

Para este año, tres entidades concentran el mayor número de ilícitos: Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, en donde se han detectado más de la mitad (52 por ciento) de las tomas clandestinas detectadas en todo el país.

Al mes de septiembre, el volumen de combustible sustraído ilegalmente en el sistema de transporte por ductos, ascendió a 2.4 millones de barriles, volumen que resulta 61 por ciento mayor respecto al volumen estimado durante el mismo periodo en 2010 (1.4 millones), lo que habla del desproporcionado crecimiento de este delito en las instalaciones de la petrolera.

El explosivo crecimiento de las TC se dio a partir de 2004, cuando el número de tomas  ilegales se sitúo en 110. A partir de ese año, los ilícitos en la red de ductos se fue extendiendo en prácticamente todo el país, lo que obligo al Gobierno Federal a realizar cuantiosas inversiones para combatir a quien en ese momento era señalado como el único responsable: el crimen organizado, cuando parte del problema está en casa.

Por ello, al menos cuatro directores de Pemex (Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Jesús Reyes Heroles y Juan José Suárez Coppel) abrieron la chequera para una extensa cartera de proyectos (20 en total), como el denominado Proyecto Integral Combate al Mercado Ilícito de Combustibles o la implementación del Sistema SCADA en 47 ductos y 7 poliductos, destinados a vigilar y tener control sobre la red de ductos por la dimensión que había alcanzado el problema y que le significo a la empresa un gasto mayor a los 5 mil millones de dólares.

Desde entonces, la empresa también ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina-Armada de México y la Policía Federal (PF).

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