Por Jorge Guadarrama Yáñez y Benjamín Torres Barrón / Socios de Baker & McKenzie
Fotografía: EFE

Es innegable que la infraestructura es un elemento fundamental en el desarrollo de la economía para todo país, y más en los emergentes. El desarrollo de infraestructura determina el ritmo de crecimiento de una nación e incide directamente en la generación de empleos, en las cadenas productivas, en detonar economías de escala y en la competitividad de las empresas.

Carreteras, puentes, túneles, transporte público, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, plantas de tratamiento de agua y de disposición de residuos, desarrollos turísticos, telecomunicaciones, vivienda, centros penitenciarios, hospitales, así como  la generación de energía eléctrica, son algunas de las formas en que se manifiesta la infraestructura de un país.

Hablar de regulaciones o retos legales para el desarrollo de la infraestructura que requiere México, no debe interpretarse en el sentido de que el país no cuenta con, o se encuentra en una situación precaria con respecto a un marco legal que le permita el desarrollo de infraestructura. Por el contrario, si bien es perfectible -como muchas cosas en México- el marco regulatorio, sobre todo en lo que toca al ámbito federal al que nos referiremos en este artículo, se ha ido mejorando sustancialmente en fechas recientes, comenzando con la llegada del TLCAN.

Tanto es así que proyectos como el de la Planta de Tratamiento de Atotonilco (la más grande de América Latina), el Túnel Emisor Oriente, el Sistema MEXSAT (sistema de telecomunicaciones mexicanos de próxima generación), los Fideicomisos de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARACs), el Tren Suburbano (Sistema 1), la Autopista Arco Norte, los parques eólicos en Oaxaca y Baja California son ya realidades. En este sentido, el Ejecutivo Federal, consciente de la gran diversidad de ideas, opiniones,  capacidades e intereses, así como de la obligación de ser una verdadera potencia en materia de comunicaciones y logística dada nuestra privilegiada posición geográfica, creó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI).

Dicho documento establece los objetivos, retos, metas y acciones que impulsará el Gobierno Federal en materia de infraestructura como detonante del desarrollo nacional con más de 300 proyectos.

Si bien el PNI no ha tenido el avance deseado (actualmente existen reportes que indican que presenta un 50 por ciento de avance y se espera que para el 2012 sólo se llegue a un 70-80 por ciento), causando incertidumbre tanto en los mercados como en los inversionistas. No es noticia que algunas de las causas que han determinado el retraso del PNI sean ajenas, como la crisis financiera; sin embargo, también es cierto que existen causas internas como lo son los subejercicios, la deficiente recaudación y los intereses políticos. Así como la desconfianza de la iniciativa privada, que  también ha sido factor determinante.

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