En 14 años el 35 por ciento de la energía en el país provendrá de fuentes renovables y según el POISE, de la Comisión Federal de Electricidad, también en el año 2026 habrá en la modalidad de obra pública financiada otros mil 500 MW para el servicio público. Son metas ambiciosas, pero ¿qué hay de la deuda social con las comunidades que han resentido la llegada de los “gigantes eólicos”?

Y es que el atractivo de México en esta materia es indudable. “Vivimos un momento muy interesante de mucha expansión, donde ya prácticamente están instalados operando cerca de mil MW de capacidad; en cuestión de un año más, se va a ver modificado. En 2015 estaremos arriba de los 4 mil MW. Ya hay elementos que están en desarrollo en los próximos años, tendremos más capacidad y más crecimiento hasta llegar a los 12 mil MW en ocho años”, afirma a Petróleo&Energía Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

“Pensamos que con la proyección que hay de la demanda y de la capacidad instalada hacia el 2020, 12 mil MW significa 15 por ciento de la capacidad instalada del país para entonces; es una aportación real muy importante”, agrega Rodríguez.

Todos conocemos las bondades ambientales de la energía eólica y se antoja un panorama muy interesante para esta industria en nuestro país, una “mina de oro” para las empresas del ramo. Sin embargo, la deuda social y ambiental de estos proyectos millonarios no se los puede llevar el viento.

Para Lucila Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, la pesadilla comenzó “desde el año 2000 cuando empiezan a llegar a la región y a partir de ese momento, las empresas se encargaron de ofrecer inversiones”, cuenta a P&E.

 “Se ofertó la región y cada empresa agarró una porción de dicha región para colocar sus generadores, sin antes haber firmado un contrato. Desde esa época se empiezan a repartir la región sin consulta, ni contratos; sin informarnos, ni avisarnos a los que vivimos acá, como si nadie viviera aquí”.

Para Lucila Bettina, indígena zapoteca, “nosotros nunca pensamos que el viento dejaría dinero o podría producir energía. Para nosotros, el viento sólo es uno de los elementos naturales y lo entendemos como parte de nuestra cultura”.

Los problemas de esta situación son muchos y variados. Uno de ellos -según la también defensora de los derechos indígenas- es que empiezan a confrontar a los pueblos, “se rompe el tejido social de la comunidad. Hay problemas porque algunos que son beneficiados por las empresas -como los caciques, gente que tiene más de 10, 20 ó 30 hectáreas-, pues tiene un poco más de recursos del mismo proyecto.

“Hay gente que no lo tiene, que ve que es muy poco o bien, que no está de acuerdo, comienzan los problemas, conflictos, los cuales derivan en la comunidad. Eso es la muerte entre los indígenas, porque se basan en las relaciones que tenemos en la ayuda mutua, en la solidaridad. Llegan empresas y empiezan a romper con eso, para nosotros es un peligro para nuestras culturas”, asegura Lucila Bettina.

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