Por Isabel Studer / Directora Instituto Global para la Sostenibilidad-Tecnológico de Monterrey
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El país está dotado con fuentes de energía renovable de clase mundial, con un potencial disponible de cerca de 40 mil MW. La capacidad potencial de la energía eólica es particularmente grande, estimada en 33 mil MW, de los cuales 6 mil 250 MW son de excelente calidad con velocidades de viento de más de 8.5 m/s.

México también tiene un importante potencial de otras fuentes de energía renovables: 3 mil MW de potencial mini-hidroeléctricas (menos de 10 MW), más de mil 500 MW de energía geotérmica, siendo México el tercer mayor usuario de esta fuente de energía en el mundo, y 9 mil MW de biomasa. Aunque el potencial de energía solar también es importante, no se ha cuantificado aún el potencial del país en este rubro.

A pesar del gran potencial de México para el desarrollo de las energías renovables, estos recursos se mantienen relativamente sin explotar en gran parte debido a las barreras normativas y reglamentarias, los altos costos de entrada para obtener acceso a la red y los problemas estructurales de financiamiento.

Como es sabido, los Artículos 27 y 28 de la Constitución Mexicana no consideran las energías renovables entre activos de la nación, por lo que no existen mecanismos para su promoción en las leyes secundarias.

Los productores independientes de energía en renovables están todavía sujetos a la Ley de Energía Eléctrica de Servicios Públicos, que se aplica para la generación de energía convencional.

Los IPPs son contratados por la CFE a un precio fijo en los contratos de compra a largo plazo, lo que funciona para las plantas de gas natural, pero es más difícil para los proyectos de energía renovable, debido al mandato de la Comisión para proveer de electricidad al menor costo. La tecnología que utilizan estas energías aún no permite que éstas compitan con las energías fósiles, sobre todo cuando estas últimas se benefician de subsidios importantes.

Los esquemas de autoabastecimiento en energía eólica se han desarrollado al amparo de instrumentos regulatorios innovadores, creados por la Comisión de Regulación para la Energía.

Aunque no existen subsidios en México a la energía eólica, tales regulaciones tienen un efecto similar, pues han permitido reducir el costo de la energía sobre todo para los consumidores del sector comercial quienes enfrentan altos costos de electricidad.

Aun en los proyectos eólicos que se han desarrollado,  un factor de incertidumbre y de riesgo sigue siendo la opacidad con la que se establecen las tarifas de electricidad, pues éstas son definidas por la Secretaría de Hacienda y no por una entidad neutral que pueda establecerlas según el costo real, según las fuerzas del mercado y otras externalidades, como por ejemplo el costo ambiental que generan las energías fósiles.